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Novedades Legislativas: Derecho de Familia

Voluntades Digitales

Cataluña, nulidad de determinados preceptos de la ley de últimas voluntades digitales L 10/2017

Concluye la sentencia del Tribunal Constitucional en que el legislador autonómico ha procedido, mediante la creación del registro en el que han de inscribirse los documentos de voluntades digitales, a la ordenación de un registro jurídico de carácter civil, lo que excede de su ámbito competencial e invade la competencia exclusiva del Estado en materia de ordenación de registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE).
La sentencia declara la nulidad de determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña L 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código Civil de Cataluña:
1 °) Del art. 6, en cuanto a la redacción dada al art. 411.10.3, letra b), del libro cuarto del Código Civil de Cataluña ("Si la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, un documento que debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales"). 2°) Del art. 8, en cuanto a la redacción dada al art. 421.24.1 del libro cuarto del mismo Código, en el inciso "y, en defecto de estos instrumentos, en un documento de voluntades digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación. Este documento debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales". 3 °) Del art. 10, que incorpora a dicho Código la disposición adicional tercera del libro cuarto. 4°) Del art. 11, que añade al mismo Código la disposición final quinta del libro cuarto. 5°) De la disposición final primera.
Esta ley crea en su art. 10 el Registro electrónico de voluntades digitales y permite inscribir en el documento en el que se plasman las voluntades digitales cuando la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad (testamento, codicilo o memoria testamentaria). Se cuestiona si se trata de un registro administrativo, con efectos de mera publicidad, o de un registro jurídico de derecho civil, que produce efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas, por lo que la regulación impugnada invade la competencia estatal exclusiva en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE).
La discusión es estrictamente competencial y se refiere únicamente a su regulación, que, en defecto de instrumentos típicos del derecho sucesorio, quepa ordenarse las voluntades digitales mediante un documento que debe inscribirse para surtir efectos en el Registro electrónico de voluntades digitales creado a tal fin por esta ley.
Su redacción del art. 411.10.3.b) del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 10/2017, las voluntades digitales en caso de muerte pueden ordenarse, si el causante con vecindad civil catalana no ha otorgado disposiciones de última voluntad (testamento, codicilo o memoria testamentaria), por medio de "un documento que debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales". A su vez, el apartado 1 del ar t. 421.24 del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, en la redacción dada por el art. 8 de la Ley 10/2017, al referirse a la designación de la persona encargada de ejecutar las voluntades digitales del causante, determina que tal designación podrá hacerse (en defecto de disposiciones de última voluntad) "en un documento de voluntades digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación", y que "este documento habrá de inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales".
Para esta ley, el documento de voluntades digitales es el medio por el que las personas avecindadas en Cataluña pueden disponer mortis causa de sus archivos digitales frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en defecto de testamento, codicilo o memoria testamentaria. En ese documento de voluntades digitales pueden designar, si lo desean, a las personas físicas o jurídicas encargadas de ejecutar sus instrucciones al respecto, en cuyo caso deberán especificar el alcance concreto de la actuación de la persona designada.
La Sentencia califica el registro creado como un registro público de derecho privado, en el que han de inscribirse para su validez los documentos de voluntades digitales, en defecto de disposiciones de última voluntad, cuyos preceptos impugnados permiten a los ciudadanos con vecindad civil catalana (art. 14 del Código Civil y art. 111-3 del primer libro del Código Civil de Cataluña) ordenar el destino de su patrimonio digital en caso de muerte no solo mediante testamento, codicilo o memoria testamentaria, sino también en ausencia de esas disposiciones de última voluntad, por medio del documento de voluntades digitales, que despliega efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas en virtud de su inscripción en el registro creado por la Ley 10/2017 que es objeto del presente recurso.
También alude la sentencia a que con posterioridad a la normativa impugnada, el legislador estatal haya regulado en los arts. 3 y 96 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, las reglas de acceso de los legitimados a los archivos digitales de personas fallecidas, con la expresa mención de que en las Comunidades Autónomas con derecho civil propio se estará a lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación (art. 96.4), no permite sanar la carencia de competencia autonómica para aprobar los preceptos legales impugnados.
Concluye la sentencia en que el legislador autonómico ha procedido, mediante la creación del registro en el que han de inscribirse los documentos de voluntades digitales, a la ordenación de un registro jurídico de carácter civil, lo que excede de su ámbito competencial e invade la competencia exclusiva del Estado en materia de ordenación de registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE).
Se dice que esta ley afecta incluso al derecho de familia, al establecerse las reglas de actuación de los representantes legales de los menores y discapacitados intelectuales en relación con los contenidos digitales que les pertenezcan, y al derecho sucesorio, en la medida en que se determinan las previsiones mortis causa de una persona con respecto a su presencia digital.
Contiene el Voto particular discrepante de la Magistrada doña Encarnación Roca Trías. Que niega las bases sobre las que la Sentencia distingue un registro administrativo o jurídico-civil, y cita una serie de supuestos para apoyar su planteamiento y que numerosos actos y negocios jurídicos civiles son susceptibles de inscripción en los registros y no por ello tales registros gozan de naturaleza civil, sino que pueden tenerla administrativa, de modo que la Sentencia no establece un canon respecto a qué debe entenderse como materia civil a los efectos de determinar la naturaleza del registro.

ABOGADO FAMILIA: Tribunal Constitucional Sentencia 17-1-2019

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