Elección de Centro Escolar: Juzgado competente

Conflicto de competencia en expediente de Jurisdicción Voluntaria

Se analizan los criterios que deben regir las controversias sobre competencia objetiva y territorial para conocer y resolver de un determinado asunto. Y para ello, se basan en la naturaleza de las cuestiones a debatir, así como en criterios de nacionalidad, residencia o domicilio. No obstante, en relación a determinados procedimientos, cuando no son autónomos o independientes, sino que el legislador los ha vinculado de forma expresa, en cuanto al órgano que debe conocer y resolver los mismos, se viene vinculando dicha decisión al pleito principal; de tal forma que el órgano judicial que ha resuelto este pleito inicial, por extensión tendrá la competencia para conocer y resolver de estos procedimientos, que están vinculados, de forma incidental, al mismo. Continuar leyendo «Elección de Centro Escolar: Juzgado competente»

Pensión de Viudedad y Uniones de Hecho

La doctrina general está fijada en la sentencia de 28 de mayo de 2020 del Tribunal Supremo según la cual la prueba de la existencia de una pareja de hecho solamente puede acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad con los medios señalados en el párrafo cuarto del artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987, es decir mediante la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público y que ambos deben ser anteriores, al menos, en dos años al fallecimiento del causante. Continuar leyendo «Pensión de Viudedad y Uniones de Hecho»

Custodia Compartida y Cuestión de Inconstitucionalidad

La sala primera del Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad del art. 92.7 del Código Civil

Cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 92.7 del CC, habida cuenta de su eventual oposición con los siguientes preceptos:

  1. Arts. 10.1 CE, relativo al derecho al libre desarrollo de la personalidad
  2. Art. 8 CEDH, que protege la vida familiar
  3. Sr. 39, apartados 1, 2 y 4 CE, que consagra el principio del interés superior del menor, como igualmente hace el art. 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y el art. 24.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el art. 10.2 CE, en los términos antes desarrollados. Continuar leyendo «Custodia Compartida y Cuestión de Inconstitucionalidad»

Suspensión del régimen de visitas

Constitucionalidad de los arts. 94.4 y 156.22 del Código Civil

El precepto no priva de modo automático al progenitor del régimen de visitas o estancias, sino que atribuye a la autoridad judicial la decisión sobre el establecimiento o no de un régimen de visitas o estancias o la suspensión del mismo, incluso en los supuestos en los que un progenitor esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos o cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género, en la que se comprende también “la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad” (apartado 4 del art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género —en adelante LOVG—, introducido por la disposición final décima de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio), por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1.1 LOVG) Continuar leyendo «Suspensión del régimen de visitas»

Discapacidad

Medidas de apoyo

La sentencia recurrida, confirmatoria de la de primera instancia, ni concreta  adecuadamente el alcance de la curatela que establece, ni explica suficientemente las razones por las que debe proveerse de un apoyo judicial, cuando de los hechos acreditados en la instancia no resulta que la negativa expresada por la persona discapaz a que se constituyan apoyos judiciales sea expresión de una voluntad patológica secundaria a la depresión o al trastorno de personalidad que padece. Continuar leyendo «Discapacidad»

Discapacidad

Consentimiento informado para intervención quirúrgica

Los Estados Parte están obligados a tomar las medidas reglamentarias necesarias para que los facultativos se pregunten sobre las consecuencias previsibles que la intervención propuesta pueda tener en la integridad física de sus pacientes, informándoles informen previamente para que puedan dar su consentimiento informado. Como conclusión, si un riesgo previsible de esta naturaleza se produce sin que el paciente haya sido debidamente informado de antemano por sus médicos, el Estado Parte implicado puede ser directamente responsable de dicha omisión de información con arreglo al artículo 8 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos.

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Desheredación

Falta de relación o distanciamiento

El legislador sigue manteniendo como límite a la voluntad del causante la necesidad de expresar una «justa causa» de desheredación para privar de la legítima a los legitimarios. El Tribunal Supremo ha admitido que los tribunales pueden interpretar con arreglo a la realidad social las causas legales de desheredación. Por ello, como se afirma en la sentencia 401/2018, de 27 de junio, una falta de relación continuada e imputable al desheredado, ponderando las circunstancias del caso, podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos y, en consecuencia, podría encuadrarse en una de las causas de privación de la legítima establecidas por el legislador. Sin embargo, la aplicación del sistema vigente no permite configurar por vía interpretativa una nueva causa autónoma de desheredación basada exclusivamente, sin más requisitos, en la indiferencia y en la falta de relación familiar, puesto que el legislador no la contempla. Lo contrario, en la práctica, equivaldría a dejar en manos del testador la exigibilidad de la legítima, privando de ella a los legitimarios con los que hubiera perdido la relación con independencia del origen y los motivos de esa situación y de la influencia que la misma hubiera provocado en la salud física o psicológica del causante. Continuar leyendo «Desheredación»

Custodia compartida

La edad de la hija es un cambio esencial

En contra del criterio de la sentencia recurrida, se considera que ha habido un cambio de circunstancias derivado de la edad de la niña, que no alcanzaba, al firmarse el convenio regulador, los dos años de edad, mientras que actualmente tiene ya nueve años, así como también por la circunstancia de que el padre ha sido absuelto de la comisión de un delito de violencia sobre la mujer, que impedía disfrutar del régimen de custodia compartida o fijarlo en su momento.

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Traslado ilícito de menores

Declaración de ilicitud del traslado de un menor por su madre     

Aunque uno de los dos progenitores tenga atribuida la custodia exclusiva del menor, un cambio de residencia del hijo por uno de los progenitores a otro país sin el consentimiento del otro es un traslado ilícito a los efectos del art. 3 del Convenio de La Haya, si ambos progenitores tienen atribuido la patria potestad . Derivado de este concepto existirá una retención ilícita si un progenitor mantiene al menor en un país que no es el de su residencia habitual sin el consentimiento del otro progenitor aunque el primero tenga otorgada la custodia exclusiva, pero, ambos tienen la patria potestad.

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Filiación

Acción mixta de filiación

Antecedentes

Acción mixta de filiación, en la que el padre reclama su paternidad e impugna otra contradictoria.

El Juzgado estima la demanda, pero la Audiencia Provincial estima el recurso y rechaza la filiación reclamada.

Se alega en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo:

  1. El derecho del menor a conocer quién es su padre biológico.
  2. La falta de valoración de la Audiencia Provincial de la negativa injustificada al sometimiento a la prueba biológica.

  ¿Qué consideración tiene una conducta obstruccionista a someterse a una prueba biológica admitida por el Juzgado?

  1. Este tipo de prueba se refiere a situaciones dudosas, en las que resulta esencial su práctica por insuficiencia de otros medios.

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Acciones del Heredero

Acción de complemento, acción de rescisión y acción de defensa de la legítima

No es posible dictar un pronunciamiento dirigido a corregir una supuesta lesión de la legítima atendiendo a un aspecto concreto de la partición y sin valorar todo lo que haya podido recibir el legitimario, tanto a título de donación como en la partición realizada por los contadores o en los actos de distribución adicionales llevados a cabo por los propios interesados (en el caso, según las demandadas, con intervención del viudo de la causante, se repartieron después de la muerte de la madre unos activos opacos que no hicieron públicos en el momento de la partición por razones fiscales, al tratarse de fondos que se encontraban en el extranjero.

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Sociedad de Gananciales

Aportación de bien y derecho de reintegro

Los cónyuges acordaron por medio del negocio de aportación atribuir a bienes privativos del marido el carácter de gananciales. Es decir, los bienes pasaron de la masa patrimonial del esposo a la masa patrimonial de la sociedad de gananciales. Ahora, se discute el derecho de reintegro a favor del esposo.

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