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Novedades Legislativas: Derecho de Familia

Uniones de Hecho

Inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la Ley de la Ley de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid

Estima cuestin de inconstitucionalidad y declara inconstitucionales y nulos los arts. 4 y 5 de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho.

Artculo 4. Regulacin de la convivencia
1. Los miembros de la unin de hecho podrn establecer vlidamente en escritura pblica los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones econmicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese.
2. Los pactos a que se refiere el nmero anterior podrn establecer compensaciones econmicas cuando, tras el cese de la convivencia se produzca un desequilibrio econmico en uno de los convivientes con relacin a la posicin del otro que implique un empeoramiento respecto a la situacin anterior. Tales compensaciones habrn de tomar en consideracin las mismas circunstancias a que se refiere el artculo 97 del Cdigo civil.
3. A falta de pacto se presumir, salvo prueba en contrario, que los miembros de la unin contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de sta en proporcin a sus recursos. 4. Sern nulos y carecern de validez los pactos contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponde
a cada conviviente o gravemente perjudiciales para uno de ellos.
Asimismo sern nulos los pactos cuyo objeto sea exclusivamente personal o que afecten a la intimidad de los convivientes.
5. En todo caso los pactos a que se refiere este artculo, estn o no inscritos en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, slo surtirn efectos entre las partes firmantes y nunca podrn perjudicar a terceros.

Artculo 5. Inscripcin
1. Los pactos a que se refiere el artculo 4 podrn inscribirse en el Registro, siempre que en ellos concurran los requisitos de validez expresados en el mismo artculo.
2. La inscripcin podr efectuarse a peticin de ambos miembros de la unin conjuntamente.
3. Contra la denegacin de la inscripcin, que se har por resolucin motivada, podr interponerse el recurso administrativo que proceda.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. La Seccin Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid plantea cuestin de inconstitucionalidad en relacin con los arts. 3, 4, 5, 8 y 9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho, por posible vulneracin de los arts. 149.1.8 y 149.1.18 CE.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el rgano judicial considera que la Comunidad Autnoma no estara competencialmente habilitada para aprobar una regulacin como la que contienen los preceptos cuestionados de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001. As, ha sealado, en primer lugar,
que los arts. 3, 4 y 5 producen efectos jurdicos generales en la esfera patrimonial de los convivientes que los equiparan a las personas unidas por vnculo matrimonial y son los propios del Derecho civil, de lo que resulta que entienda vulnerado el primer inciso del art. 149.1.8 CE que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Derecho civil sin perjuicio de la
conservacin, modificacin y desarrollo por las Comunidades Autnomas de los derechos civiles, forales o especiales, all donde existan. En segundo lugar y relacionado con lo anterior, el carcter constitutivo que atribuye a la inscripcin de las uniones de hecho en el registro autonmico hace que considere vulnerada la competencia exclusiva del Estado en relacin con la
ordenacin de los registros e instrumentos pblicos del ya citado art. 149.1.8 CE. Finalmente, en tercer lugar, el rgano judicial argumenta que en la medida en que los arts. 8 y 9 equiparan la unin de hecho al matrimonio en relacin a sus efectos en la funcin pblica y en la normativa de Derecho
pblico de la Comunidad de Madrid, vulneran el art. 149.1.18 CE.
El Abogado del Estado interesa la estimacin de la cuestin por entender que los preceptos cuestionados incurren en las vulneraciones competenciales apreciadas por el rgano judicial. Por su parte, el Fiscal General del Estado postula la estimacin parcial de la cuestin de inconstitucionalidad, por cuanto
entiende que los arts. 4 y 5 introducen una regulacin propia del Derecho privado para lo que la Comunidad Autnoma carece de competencias, estimando, por el contrario, que los arts. 3, 8 y 9 pueden entenderse dictados al amparo de las competencias autonmicas. Por ltimo, la Letrada de la Comunidad de Madrid ha defendido la constitucionalidad de los preceptos legales cuestionados, afirmando, sin hacer mencin a los arts. 4 y 5, que persiguen establecer garantas para las uniones de hecho en el marco de las competencias autonmicas.
2. Con carcter previo al examen de fondo debemos hacer algunas puntualizaciones en aras a la delimitacin del objeto de nuestro enjuiciamiento, pues el Fiscal General del Estado ha considerado que, entre las normas cuestionadas ha de incluirse la disposicin final primera, que habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para, en el plazo de un ao contado a partir de la entrada en vigor de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, aprobar los reglamentos de desarrollo de la misma.
La propuesta de extensin del objeto de la presente cuestin de inconstitucionalidad no puede ser acogida. En este caso no es posible revisar el juicio de aplicabilidad que ha formulado el rgano judicial, dado que no puede considerarse notoriamente inconsistente o equivocada la argumentacin
judicial sobre la aplicabilidad al caso de las normas cuestionadas, en cuanto que dicha habilitacin en nada menoscaba o violenta las competencias estatales, vulneracin que el rgano judicial residencia en los preceptos que regulan los posibles contenidos de la inscripcin de la unin de hecho y sus efectos. No concurre entonces el supuesto en el que, conforme a nuestra
doctrina (por todas, STC 151/2011, de 29 de septiembre, FJ 2), pueda este Tribunal corregir el juicio de aplicabilidad formulado por el rgano judicial.
3. Para encuadrar adecuadamente la duda de constitucionalidad planteada resulta conveniente examinar, siquiera brevemente, la norma autonmica que ha sido parcialmente cuestionada. La exposicin de motivos de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/2001 afirma que trata de dar una adecuada solucin a la realidad sociolgica del incremento en el nmero de uniones entre personas, difcilmente encuadrables en las categoras jurdicas existentes encontrando su justificacin, adems, en el artculo 7 del Estatuto de Autonoma de la Comunidad de Madrid, en el artculo 14 de la Constitucin Espaola que garantiza la igualdad de los espaoles ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminacin alguna por razones, entre otras, de sexo, opinin o cualquier condicin o circunstancia personal o social, el artculo 9 de la Constitucin Espaola relativo a la obligacin de los poderes pblicos de promover la igualdad evitando situaciones en que pueda producirse discriminacin, as como en la Resolucin de 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de los derechos de los homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, que reitera la conviccin de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idntico con independencia de su orientacin sexual.
Con la citada finalidad la norma regula los requisitos de la inscripcin de las uniones de hecho en el registro constituido al efecto por la Comunidad de Madrid, as como los beneficios que esta inscripcin puede llevar aparejada. Las uniones inscribibles son las de carcter afectivo entre dos personas (parejas), una de ellas al menos empadronada en la Comunidad Autnoma, que conviven por decisin libre, de forma pblica y notoria, con una antigedad mnima del vnculo de doce meses y no incurran en algunas de las excepciones del artculo 2. Se permite tambin, conforme al art. 5, la inscripcin de pactos sobre relaciones econmicas entre los miembros de la pareja previstos en el art. 4, pactos formalizados en escritura pblica, que slo tienen efectos entre ellos y con independencia de la inscripcin. Los arts. 6 y 7
regulan las causas de extincin de la unin de hecho. Los arts. 8 y 9 equiparan tales uniones a los matrimonios en cuanto a los beneficios concedidos al personal al servicio de la Administracin de la Comunidad de Madrid y a los derechos y obligaciones establecidos en la normativa madrilea de Derecho
pblico, en especial en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios.
De la regulacin que someramente se ha expuesto el rgano judicial cuestiona los efectos que la norma anuda a la formalizacin de la denominada unin de hecho, pues entiende que tales efectos se producen vulnerando competencias estatales. De hecho, como acertadamente apunta el Fiscal General del Estado, tres son las concretas dudas de constitucionalidad que plantea el rgano judicial en relacin con la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001. Las dos primeras se refieren a la posible invasin de las competencias estatales ex art. 149.1.8 CE. En concreto, se entiende vulnerada la competencia estatal en materia de legislacin civil, vulneracin que se residencia en los arts. 4 y 5 de la Ley 11/2001 relativos a los contenidos de los posibles pactos reguladores de la convivencia y su inscripcin en el registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid.
Igualmente se considera infringida la competencia exclusiva estatal sobre la ordenacin de los registros e instrumentos pblicos, lo que se reprocha al art. 3, relativo a la inscripcin de la propia unin de hecho en el mencionado registro, inscripcin que, segn ha argumentado el rgano judicial, tiene carcter constitutivo. Por ltimo, el tercer problema de constitucionalidad planteado alude a la contravencin de los arts. 8 y 9 con el art. 149.1.18 CE que habilita al Estado para dictar las bases del rgimen estatutario de los funcionarios pblicos.
4. Centrado en tales trminos el objeto del proceso, analizaremos ahora los preceptos legales cuestionados en funcin de las tres dudas de constitucionalidad que plantea el rgano judicial. Para ello comenzaremos por los arts. 4 y 5, los cuales disponen, respectivamente, lo siguiente:
Artculo 4. Regulacin de la convivencia 1. Los miembros de la unin de hecho podrn establecer vlidamente en escritura pblica los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones econmicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese.
2. Los pactos a que se refiere el nmero anterior podrn establecer compensaciones econmicas cuando, tras el cese de la convivencia se produzca un desequilibrio econmico en uno de los convivientes con relacin a la posicin del otro que implique un empeoramiento respecto a la situacin anterior. Tales compensaciones habrn de tomar en consideracin las mismas
circunstancias a que se refiere el artculo 97 del Cdigo civil.
3. A falta de pacto se presumir, salvo prueba en contrario, que los miembros de la unin contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de sta en proporcin a sus recursos.
4. Sern nulos y carecern de validez los pactos contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o gravemente perjudiciales para uno de ellos. Asimismo sern nulos los pactos cuyo objeto sea exclusivamente personal o que afecten a la intimidad de los convivientes.
5. En todo caso los pactos a que se refiere este artculo, estn o no inscritos en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, slo surtirn efectos entre las partes firmantes y nunca podrn perjudicar a terceros.
Artculo 5. Inscripcin
1. Los pactos a que se refiere el artculo 4 podrn inscribirse en el Registro, siempre que en ellos concurran los requisitos de validez expresados en el mismo artculo.
2. La inscripcin podr efectuarse a peticin de ambos miembros de la unin conjuntamente.
3. Contra la denegacin de la inscripcin, que se har por resolucin motivada, podr interponerse el recurso administrativo que proceda.
Examinando ya lo dispuesto en el art. 4 es evidente que describe determinadas prescripciones que han de observar los pactos suscritos por los integrantes de la unin de hecho dirigidos a regir sus relaciones econmicas y patrimoniales, tanto constante la convivencia como con ocasin de su cese. Alude as al posible contenido de los pactos, sus lmites y efectos, la eventual fijacin de una compensacin econmica y su necesaria sujecin a las circunstancias previstas en el art. 97 del Cdigo civil, as como al sostenimiento de las cargas de la unin de hecho y las consecuencias negativas que, en su caso, pudieran
derivarse de sus eventuales contenidos. Es claro, entonces que el precepto, aun cuando solamente sea para las parejas que se hayan inscrito voluntariamente en el registro (art. 1.1), contempla un rgimen normativo generador de obligaciones econmicas derivadas de dicha situacin de hecho que pertenece al mbito de las relaciones jurdico-privadas de los miembros de la unin de hecho. As, la ley autonmica regula determinados efectos que atribuye a una situacin de hecho, la convivencia en pareja entre dos personas unidas por vnculos de afectividad en los trminos de los arts. 1 y 2 de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, efectos entre los que se encuentra la posibilidad de regular la convivencia mediante pacto expreso con las condiciones y contenidos previstos en la norma.
El problema constitucional que la regulacin descrita
plantea es que como no poda ser de otro modo, atendiendo a
la finalidad que persigue dicho efecto se inserta de lleno en el
mbito de las relaciones personales y patrimoniales de los
integrantes de la unin de hecho, teniendo, por tanto, una
naturaleza propia de la materia regulada por el Derecho civil. El
aludido carcter civil de la regulacin que examinamos se
ratifica si se tienen en cuenta que determinadas previsiones de
este precepto no son sino trasunto de reglas equivalentes
contenidas en el Cdigo civil. As, el art. 4.2 remite expresamente
a la regulacin de la pensin compensatoria en casos de
separacin o divorcio establecida en el art. 97 del Cdigo civil,
mientras que la presuncin del art. 4.3 recuerda en su semejanza
al art. 1438 del Cdigo civil, relativo al rgimen econmico
matrimonial de separacin de bienes. Por su parte, la necesidad
de que los pactos consten en escritura pblica del art. 4.1 o las
limitaciones a los pactos del art. 4 no son sino traslacin de lo
dispuesto en los arts. 1327 y 1328 del Cdigo civil.
Las consecuencias del examen de esta regulacin desde la
perspectiva del orden constitucional de distribucin de
competencias son claras, pues ya tenemos declarado que las
regulaciones relativas a las relaciones interprivatos constituyen
reglas de Derecho privado encuadrables en la materia de
legislacin civil (STC 28/2012, de 1 de marzo, FJ 5), relaciones
interprivatos en las que, indudablemente se integran los pactos de
contenido econmico y patrimonial a los que se refieren estos
preceptos. En dicha materia el Estado ostenta, conforme al primer
inciso del art. 149.1.8 CE, la competencia exclusiva sobre
legislacin civil; sin perjuicio de la conservacin, modificacin o
desarrollo por las Comunidades Autnomas de los derechos
civiles, forales o especiales, all donde existan. Esta ltima
circunstancia, la previa existencia de un Derecho civil foral o
especial, no concurre en el caso de la Comunidad de Madrid,
cuyo Estatuto de Autonoma no recoge mencin alguna a
competencias autonmicas en este mbito.
Por tanto, como quiera que la Comunidad de Madrid no
ostenta competencias sobre Derecho civil foral o especial, la
regulacin del art. 4 de la Ley 11/2001 se sita extramuros de
sus facultades legislativas y vulnera las competencias del Estado,
tal como las mismas se establecen en el art. 149.1.8 CE, debiendo
ser declarado, por ello, inconstitucional y nulo.
Lo mismo sucede con el art. 5, que se halla ntimamente
conectado con aqul, hasta el punto de que tiene su razn de ser
en lo que dispone el precepto anterior, pues se trata de una
norma meramente procedimental relativa a la inscripcin en el
registro de uniones de hecho de los pactos previstos en el art. 4.
Razn por la cual el art. 5 ha de correr la misma suerte y
procedente resulta declarar su inconstitucionalidad y nulidad.
5. Enjuiciaremos ahora el art. 3, que dispone lo siguiente:
Artculo 3. Acreditacin
1. Las uniones a que se refiere la presente Ley producirn
sus efectos desde la fecha de la inscripcin en el Registro de las
Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, previa
acreditacin de los requisitos a que se refiere el artculo 1 en
expediente contradictorio ante el encargado del Registro.
2. Reglamentariamente se regular tal expediente
contradictorio. En todo caso, la previa convivencia libre, pblica,
notoria e ininterrumpida en relacin de afectividad, habr de
acreditarse mediante dos testigos mayores de edad en pleno
ejercicio de sus derechos civiles.
3. La existencia de la unin de hecho se acreditar
mediante certificacin del encargado del Registro.
A este precepto reprocha el rgano judicial que vulnera las
competencias estatales relativas a la ordenacin de los registros e
instrumentos pblicos, por lo que deberemos partir de lo
afirmado por este Tribunal en torno a la delimitacin de dicho
ttulo competencial estatal. Los criterios de nuestra doctrina (por
todas STC 103/1999, de 3 de junio, FJ 3) respecto a la
delimitacin del ttulo competencial estatal relativo a la
ordenacin de los registros pblicos lo circunscriben a los
relativos a materias de derecho privado, concluyendo que los
registros a que dicha ordenacin se refiere son, exclusivamente,
los de carcter civil. Asimismo, la posibilidad de que las
Comunidades Autnomas, en el ejercicio de sus competencias,
creen registros administrativos y, por tanto, distintos de los
anteriores, ha sido admitida con naturalidad por la doctrina
constitucional desde las SSTC 32/1983, de 28 de abril y 87/1985,
de 16 de julio.
Descartado ya, de acuerdo con lo razonado en el
fundamento jurdico precedente, que el registro despliegue su
eficacia en el mbito de las relaciones personales y patrimoniales
de los integrantes de la unin de hecho, pues hemos dejado
sentado que la Comunidad Autnoma carece de competencias
para establecerlo as, resulta que el mismo se limita a publicitar
un hecho, la existencia de la previa unin de hecho a fin de
atribuirles determinada eficacia en mbitos de competencia
propia de la Comunidad de Madrid y, por tanto, sin incidir en la
legislacin civil ni, por lo mismo, en la competencia estatal
relativa a la ordenacin de los registros del art. 149.1.8 CE. A tal
fin la inscripcin en el registro que se contempla en el art. 3
tiene por nica finalidad, al igual que su antecedente regulado
por el Decreto 36/1995, de 20 de abril, la acreditacin de una
situacin de hecho, de modo que resulte posible aplicar el
rgimen jurdico que, en el mbito de competencias autonmico,
el legislador territorial haya considerado oportuno establecer, sin
afectar a facetas propias de las relaciones personales o
patrimoniales de los integrantes de la unin de hecho.
Por ello, delimitados en tales trminos los efectos de la
inscripcin en el registro de uniones de hecho, no es posible
apreciar la vulneracin competencial que se denuncia, sin que
tampoco, a estos efectos, resulte necesario pronunciarse acerca
del carcter constitutivo, que sostiene el rgano judicial, o
declarativo, como afirma el art. 9 del Decreto 134/2002, de 18 de
julio, por el que se aprueba el registro de uniones de hecho de la
Comunidad de Madrid.
6. Restan por examinar los arts. 8 y 9 de la Ley 11/2001,
que integrantes del captulo V, intitulado Normas
administrativas, disponen, respectivamente, lo siguiente:
Artculo 8. Beneficios respecto de la Funcin Pblica
En relacin con el personal al servicio de la Administracin
de la Comunidad de Madrid, los convivientes mantendrn los
mismos beneficios reconocidos a las parejas que hayan contrado
matrimonio.
Artculo 9. Normativa de Derecho Pblico
Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa
madrilea de Derecho Pblico para los miembros de parejas que
hayan contrado matrimonio, sern de aplicacin a los miembros
de la unin de hecho, en especial en materia presupuestaria, de
subvenciones y de tributos propios.
Los artculos 8 y 9, en cuanto que normas administrativas y
no reguladoras de relacin laboral alguna, resultan ser as los
nicos que contemplan consecuencias jurdicas para las uniones
inscritas, que consisten bsicamente en la equiparacin de tales
uniones a los matrimonios en cuanto a los beneficios concedidos
al personal al servicio de la Administracin de la Comunidad de
Madrid y a los derechos y obligaciones establecidos en la
normativa madrilea de Derecho pblico, en especial en materia
presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios.
En cuanto al art. 8, cabe sealar que, sin perjuicio de su
mayor o menor acierto tcnico, cuestin ajena al enjuiciamiento
de este Tribunal, no es posible apreciar la tacha de
inconstitucionalidad que se le dirige. La decisin de la Cmara
autonmica, formulada con un elevado grado de generalidad, ha
de considerarse adoptada en el mbito de las competencias
autonmicas, tal como la referencia al personal al servicio de la
Comunidad de Madrid pone de manifiesto, estando el rgano
legislativo autonmico capacitado para tomar en consideracin,
en el mbito de sus competencias, la existencia en la sociedad
actual de la convivencia more uxorio. Como recuerda la STC
31/2010, de 28 de junio, FJ 82, con cita de otras, el art. 149.1.18
CE reserva al Estado las bases del rgimen estatutario de los
funcionarios pblicos, incluyndose en ellas en principio, la
normacin relativa a la adquisicin y prdida de la condicin de
funcionario, a las condiciones de promocin de la carrera
administrativa y a las situaciones que en sta puedan darse, a los
derechos y deberes y responsabilidades de los funcionarios y a
su rgimen disciplinario, as como a la creacin e integracin, en
su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y al modo de
provisin de puestos de trabajo al servicio de las
Administraciones pblicas. (STC 37/2002, de 14 de febrero, FJ 5 y
las all citadas). Por su parte a las Comunidades Autnomas les
corresponde la competencia de desarrollo legislativo y de
ejecucin, de acuerdo con aquella legislacin bsica, en relacin
con el estatuto de la funcin pblica autonmica y local (STC
37/2002, FJ 8).
Siendo esta la delimitacin competencial en la materia,
resulta que puede entenderse con naturalidad que la previsin
legal se vincula, tal como sostienen tanto el Fiscal General del
Estado como la Letrada de la Comunidad de Madrid, con las
decisiones respecto al personal al servicio de la Administracin
de la Comunidad de Madrid que pueden ser legtimamente
adoptadas por la Comunidad Autnoma, en el marco de la
legislacin bsica y en ejercicio de sus competencias en relacin
con el rgimen estatutario de sus funcionarios pblicos (art. 27.2
del Estatuto de Autonoma de la Comunidad de Madrid) y de
ejecucin de la legislacin laboral (art. 28.1.12). Por tanto, la
mera previsin de extensin de la aplicacin de la normativa
autonmica en materia de personal al servicio de la Comunidad
Autnoma a los integrantes de la unin de hecho, en el caso de
que dicha normativa reconozca determinados beneficios a
personas unidas por vnculo matrimonial, que es la finalidad
perseguida por el precepto, no puede entenderse vulneradora de
las competencias estatales, sin que, por otra parte, se hayan
justificado por el rgano judicial los trminos en los que tal
vulneracin hubiera de producirse, pues muy poco dice el
rgano judicial sobre esta tacha de inconstitucionalidad, que
apenas si est argumentada en el Auto.
Algo similar sucede con el art. 9, sobre el que, por lo dems,
tampoco el Auto de planteamiento expresa los aspectos
determinantes de su eventual inconstitucionalidad, por cuanto la
referencia expresa a la normativa madrilea de Derecho pblico
y a tres mbitos, como la materia presupuestaria, de
subvenciones y de tributos propios, en los que la Comunidad
Autnoma ostenta competencias permiten entender que dicha
norma tampoco incurre en extralimitacin competencial.
FALLO
En atencin a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional,
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIN
DE LA NACIN ESPAOLA,
Ha decidido
1. Estimar parcialmente la presente cuestin de
inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar
inconstitucionales y nulos los arts. 4 y 5 de la Ley de la
Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de
uniones de hecho.
2. Desestimar la cuestin de inconstitucionalidad en todo
lo dems.
Publquese esta Sentencia en el Boletn Oficial del Estado.
Dada en Madrid, a once de abril de dos mil trece.
VOTOS PARTICULARES
Voto particular que formula el Magistrado don Manuel
Aragn Reyes al que se adhiere el Magistrado don Andrs
Ollero Tassara, respecto de la Sentencia dictada en la
cuestin de inconstitucionalidad nm. 6760-2003.
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la
Ley Orgnica del Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a
la opinin de la mayora del Pleno, formulo el presente Voto
particular, al discrepar en parte de la fundamentacin jurdica y
del fallo de la Sentencia que ha resuelto la cuestin de
inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
respecto a los arts. 3, 4, 5, 8 y 9 de la Ley de la Asamblea de
Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho,
conforme a los argumentos que defend en la deliberacin del
Pleno y que resumidamente expongo a continuacin.
1. Mi discrepancia se circunscribe, en primer lugar, al
enjuiciamiento que se realiza en el fundamento jurdico 5 de la
Sentencia del art. 3 de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001,
de 19 de diciembre, de uniones de hecho.
Una vez declarada la inconstitucionalidad y nulidad de los
arts. 4 y 5 de la Ley (en lo que estoy plenamente de acuerdo), la
Sentencia considera que el art. 3 de la Ley (segn el cual las
uniones de hecho producirn efectos desde la fecha de su
inscripcin en el registro de uniones de hecho de la Comunidad
de Madrid, y su existencia se acreditar mediante certificacin
del encargado del registro) no es inconstitucional porque no
vulnera las competencias exclusivas estatales en materia de
ordenacin de los registros (art. 149.1.8 CE), pues, descartados los
posibles efectos civiles con la anulacin de los arts. 4 y 5, el
registro tendra un mero carcter administrativo, destinado a
acreditar la existencia de la unin de hecho a efectos de obtener
otros posibles beneficios de naturaleza pblica a los que tambin
se refiere la Ley, en el mbito de la competencia de la
Comunidad de Madrid, sin incidir en la legislacin civil.
Conviene reparar, no obstante, que la inscripcin de las
uniones de hecho en el registro de uniones de hecho de la
Comunidad de Madrid no slo va a producir efectos en el
mbito de la competencia de la Comunidad de Madrid, como se
afirma en la Sentencia, sino que tambin puede producirlos en
mbitos de competencia estatal; pinsese, por ejemplo, en la
pensin de viudedad para suprstites de parejas de hecho: la
existencia de la pareja de hecho se podr acreditar, segn el art.
174.3 de la Ley general de la Seguridad Social (precepto que
tambin ha sido cuestionado ante este Tribunal Constitucional,
estando pendiente de resolucin), mediante la inscripcin en
alguno de los registros especficos existentes en las Comunidades
Autnomas.
La regulacin controvertida del registro de uniones de
hecho de la Comunidad de Madrid suscita fundadas dudas sobre
su constitucionalidad desde el momento en que la unin de
hecho deja de ser una cuestin fctica, ajena al Derecho, para
producir efectos jurdicos justamente mediante la inscripcin de
la unin de hecho en el registro referido, efectos jurdicos que
trascienden del mbito de competencias propias de la
Comunidad de Madrid, como sucede con los beneficios en el
mbito del empleo pblico que reconoce el art. 8 de la Ley, a los
que luego me referir. No basta, por ello, con afirmar, como se
hace en la Sentencia de la que discrepo en este punto, que la
regulacin establecida en el art. 3 de la Ley de la Asamblea de
Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho, no
puede incidir en la legislacin civil, sobre la que la Comunidad
de Madrid carece de competencias, sino que debi haberse
declarado tambin en la Sentencia, para salvar la
constitucionalidad del precepto sin detrimento de las
competencias estatales, que la inscripcin de la unin de hecho
en el registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid
slo podr producir efectos en el mbito de las competencias de
esta Comunidad Autnoma y tal interpretacin llevarse al fallo.
2. En segundo lugar, mi discrepancia estrechamente
conectada con la anterior atae al enjuiciamiento que se realiza
en el fundamento jurdico 6 de la Sentencia del art. 8 de la Ley
de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de
uniones de hecho.
Este precepto equipara a las uniones de hecho inscritas en
el registro regulado en el art. 3 de la Ley 11/2001 con los
matrimonios, en cuanto a los beneficios concedidos al personal
al servicio de la Administracin de la Comunidad de Madrid.
Ahora bien, este personal puede ser tanto funcionario como
laboral. Respecto del personal funcionario de la Comunidad de
Madrid, esta Comunidad ostenta competencias legislativas en el
marco de la legislacin bsica del Estado (art. 37.2 del Estatuto de
Autonoma de la Comunidad de Madrid y art. 149.1.18 CE), por
lo que nada cabe objetar a que el legislador madrileo otorgue
efectos jurdicos de naturaleza administrativa a la inscripcin de
las uniones de hecho en el registro de uniones de hecho
regulado en el art. 3 de la Ley 11/2001 en cuanto a los
funcionarios al servicio de la Administracin de la Asamblea de
Madrid.
Por el contrario, esta atribucin de efectos jurdicos
administrativos a la inscripcin en dicho registro excede de las
competencias autonmicas cuando se trata de personal laboral,
pues en este caso el Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 149.1.7 CE, ostenta una competencia normativa exclusiva y
plena (STC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2), sin perjuicio de su
ejecucin por las Comunidades Autnomas (en correspondencia
con dicha previsin constitucional el art. 28.1.12 del Estatuto de
Autonoma de la Comunidad de Madrid ha atribuido a la
Comunidad de Madrid la ejecucin de la legislacin del Estado
en materia laboral).
Como ha sealado este Tribunal, la finalidad del art. 149.1.7
CE, que define la competencia exclusiva del Estado en materia
laboral, es mantener la uniformidad en la ordenacin jurdica de
la materia laboral, lo que determina, en definitiva, que ningn
espacio de regulacin externa les resta a las Comunidades
Autnomas, las cuales nicamente pueden disponer de una
competencia de mera ejecucin de la normacin estatal (SSTC
195/1996, de 28 de noviembre, FJ 11; y 51/2006, de 16 de febrero,
FJ 4).
La Sentencia de la que discrepo en este punto intenta
esquivar el problema afirmando que el art. 8 de la Ley de la
Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de
hecho, es una norma administrativa y no reguladora de relacin
laboral alguna. Sin embargo, la constitucionalidad del precepto
no puede ser salvada, a mi juicio, mediante esta cautela a la que
se acoge la Sentencia, pues se hace decir al precepto lo que no
dice: el precepto incluye a todo el personal al servicio de la
Administracin de la Comunidad de Madrid, tanto funcionario
como laboral, estableciendo al efecto consecuencias jurdicas para
las uniones de hecho inscritas en el registro regulado en el art. 3
de la Ley 11/2001, que consisten bsicamente en la equiparacin
de tales uniones a los matrimonios, como se ha dicho.
El problema para el orden constitucional de distribucin de
competencias que suscita el precepto en cuestin reside en que
una ley autonmica no puede condicionar el ejercicio de las
competencias exclusivas estatales (por todas, SSTC 56/1986, de 13
de mayo, FJ 3; 149/1998, de 2 de julio, FJ 4; 204/2002, de 31 de
octubre, FJ 7; 46/2007, de 1 de marzo, FJ 5 y 82/2012, de 18 de
abril, FJ 3). Las Comunidades Autnomas no pueden, pues,
legislar sobre la materia laboral, de competencia estatal exclusiva
(art. 149.1.7 CE), por lo que, al legislar sobre uniones de hecho la
Comunidad de Madrid no puede privar al Estado del ejercicio de
sus propias competencias exclusivas en materia laboral, que es
justamente lo que sucede con la previsin contenida en el art. 8
de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, en cuanto referida
al personal laboral, y as debi declararlo la Sentencia, mediante
una interpretacin conforme de la que tendra que dejarse
constancia en el propio fallo.
Y en este sentido emito mi Voto particular.
Madrid, a once de abril de dos mil trece.

Tribunal Constitucional, STC 11-4-2013

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