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Novedades Legislativas: Derecho de Familia

Dictamen Psicosocial

No es prueba pericial el dictamen de especialistas del equipo adscrito al juzgado

En lo que se refiere al ejercicio de las responsabilidades parentales, los tribunales deben disponer lo necesario para facilitar el ejercicio adecuado de estas funciones que son de relevancia preeminente para asegurar a los menores el desarrollo de su personalidad y el fortalecimiento de los vínculos naturales con sus dos progenitores. Se ha de procurar establecer un sistema adaptado a las condiciones del caso concreto para que se mantengan los vínculos afectivos con el padre y con la madre.

El dictamen psicosocial de especialistas no es propiamente una prueba pericial, sino que es un medio a disposición de los tribunales para conocer circunstancias o hechos relevantes para la decisión sobre la custodia, en interés del menor, para conocer cual es la opinión de los hijos en los temas que les afectan, o para poder analizar adecuadamente el material probatorio en relación con las cuestiones de parentalidad, indagando en su caso en el ámbito escolar en el que los menores están insertos, en los antecedentes de los servicios sociales, o en las intervenciones de apoyo a la adaptación de los menores a las situaciones de separación de sus padres en ejecución de las resoluciones sobre custodia y visitas.

Las partes pueden proponer o aportar pruebas periciales de parte o dictámenes imparciales de los servicios correspondientes de los colegios profesionales a los que se refieren los párrafos 1º y 2º de la DA VI de la Llei 25/2010 antes mencionada, mas la propuesta a los tribunales para que acuerden la elaboración de informes psicosociales en el seno del proceso no es una prueba pericial típica, sino que su práctica depende exclusivamente de que el tribunal que tiene a su cargo el enjuiciamiento considere oportuno y necesario ordenar tal intervención cuando los intereses del menor lo aconsejen.

El criterio del tribunal de primera instancia al denegarlo de plano antes de la celebración del juicio y como prueba anticipada, tal como se solicitaba en un otrosí de la demanda, es plenamente ajustado a derecho por cuanto no existía ningún elemento de prueba ni indicio que aconsejara realizar esta intervención técnica. Tampoco en el momento de la proposición de prueba en la instancia se justificó su procedencia como es de observar en el visionado del CD y, aun cuando se formulara protesta, la misma carece de fundamento y la decisión fue ratificada en la alzada al denegar la solicitud que se reiteraba en el escrito de interposición del recurso de apelación.

En consecuencia con lo anterior, no existe la vulneración de las garantías procesales que la parte aduce.

De todo ello, lo que nos debe preocupar es si se afecta al ejercicio del derecho de defensa que nos corresponde.

Es claro que corresponde al Órgano Judicial decidir si es necesaria o no la práctica de un medio de prueba; también que mediante la audiencia al menor, pese a la intervención del equipo psicosocial, puede tomar contacto directo con él menor para interpretar su intención; también que corresponde al juzgador auxiliarse de los Equipos Técnicos Judiciales, que le aportarán los conocimientos técnicos adecuados; y también que en la referida prueba psicosocial no estarán presentes los abogados de las partes, como excepción a la regla del art. 345 LEC., ya que pueden claramente estorbarla o impedirla, como se refleja en programas como el «Programa d assesorament en l ambit de Familia» elaborado por el Servei d Assesorament Tècnic en l Àmbit de Familia de la Generalitat de Catalunya, en documento revisado en febrero de 2008.

La redacción del art 770.4 LEC., (reforma por LO 15/2005) que regula la audiencia de los menores, prevé el “auxilio” a los tribunales de especialistas, y esto para cierta doctrina supone que no estamos ante una prueba pericial, ya que no se les permite la emisión de dictámenes ni intervenciones independientes, sino de un simple auxilio; interpretación que incide en el derecho de defensa de los menores, que no es exclusivo del Ministerio Fiscal.

Si la intervención de los técnicos no es prueba pericial, su tarea no está sujeta a las obligaciones y responsabilidades de los peritos. La actuación de la defensa puede olvidarse de pedir a los “técnicos informadores” su comparecencia, ratificación y aclaraciones de sus informes; tampoco les afecta el régimen de recusación o incompatibilidades de los peritos; y en definitiva vamos a ser meros espectadores de lo que se cuece en el juzgado.

Y todos sabemos lo limitado que es la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa ante una exploración, que por extensión lo será ante informes que en ella se manejen.

En la exploración de los menores, dice el precepto “se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario”; por lo tanto podría pensarse con cierta lógica, que es complicado que se solventen las conclusiones en un interregno de juicios y en un escaso tiempo… -más si son menores con apenas diez años recién cumplidos …-también si se practica sin un adecuado protocolo de acogida que garantice la emancipación de las decisiones del menor y sin un adecuado auxilio de técnicos que lo valoren. Porque normalmente, para evitar ese auxilio, se tiene que valorar la madurez, adaptación familiar, claridad de ideas, actitudes ante la vida, independencia de criterio, calidad de relaciones, entorno familiar, etc, del menor. Y luego lo habitual es que tales bases se convierten en hierro forjado.

Otra doctrina sostiene claramente que se trata de una prueba pericial, y dice “…Sin embargo, actualmente, las facultades para intervenir en el procedimiento sólo las tienen el demandante y el demandado, así como el Ministerio Fiscal, en la medida que se ventilen intereses y derechos que afecten a menores, desvalidos, incapaces, etc., o se discutan cuestiones de interés y orden público, de suerte que la actuación del Psicólogo no tiene otro encaje que no sea el de la prueba pericial en la medida que sea preciso recabar conocimientos científicos o prácticos, y en los términos prevenidos en el art. 610, y articulándose a través de los trámites establecidos en los arts. 612 y siguientes de la Ley Procesal, y traída tal prueba a instancia de parte, o de oficio por el Juez, previa resolución que la justifique, por lo que mal se explica entonces su entrada en el proceso y su participación en concretos actos procesales como no sea por las vías procesales y normativas antes indicadas”. (Cf. Auto AP/22 de 04/09/1998, Ponente: de la Fuente García, M..-, Procedente J 22.-, Rº 999/1997). Y no faltan resoluciones que aplican a los equipos técnicos el régimen de recusaciones previsto los peritos. (Cf. Auto de 18-07-2011, Ponente: Juan Pablo González del Pozo, Juzgado de Primera Instancia nº 24, de Familia, Incidente de recusación. Autos 1213-2010; o el Auto de 11-2-2013 de AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 2 de BURGOS).

Audiencia Provincial Barcelona, Secc. 12ª, SAP 23-10-2012, Ponente Pascual Ortuño

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